Sólo cambios de estilo a ley de ciberseguridad

La iniciativa para la ley sólo tendrá cambios en la redacción, para que tenga mayor claridad, indicó el diputado Javier López Casarín.

La propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad que está en la Cámara de Diputados no tendrá modificaciones en sus artículos pese a las múltiples acusaciones de militarización.

Los cambios son sólo en la redacción para que tenga mayor claridad.

Explicó Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados.

“Estamos escuchando voces externas que han sido parte del proceso y que nos han sugerido cambiar la redacción (propuesta) para que sea más claro”, dijo en entrevista.

El diputado no reveló los cambios ni la fecha exacta en el que pueda entrar la discusión.

Sobre los señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (Canieti) de que la propuesta es una ley militarizada.

Casarín aseveró que no se contempla dicho escenario.

“No es limitar o militarizar, por el contrario, es poner las reglas claras bajo las cuales se debe jugar en nuestro País”, explicó.

Señaló que dichas observaciones provienen de personas con intereses particulares para cambiar la propuesta de ley.

Senado pide cambios sustanciales

Alejandra Lagunes, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, advirtió que de mantenerse igual la propuesta no será avalada en el Senado.

“No se puede votar una iniciativa de ley que no revise temas tan sensibles”, advirtió.

Lagunes dijo que las preocupaciones del sector empresarial también están acompañadas de la sociedad civil.

Que está preocupada por varios temas, como lo es la protección de datos personales y seguridad.

“Son preocupaciones reales en México y en todo el mundo y me parece que tenemos que revisarlas antes de votarla”, dijo la senadora.

En días pasados, organismos empresariales acusaron que la propuesta de ley contempla propone el trabajo de “agentes encubiertos”, los cuales podrían violar múltiples derechos a la población.

Así como dotar a dependencias como las Secretarías de Defensa Nacional y Marina de labores de espionaje y revisión de información confidencial de ciudadanos.