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Organismos empresariales piden una Ley de Ciberseguridad responsable y plural
Organismos empresariales piden una Ley de Ciberseguridad responsable y plural

ALAI, AMITI, Canieti, ICC, Anatel y Asiet exhortaron a los diputados a abordar una Ley de Ciberseguridad de manera responsable y desde la inclusión.

En un documento publicado en redes sociales, cámaras y asociaciones que agrupan al sector de las tecnologías de la información y comunicaciones piden a los legisladores entablar un diálogo inclusivo, transparente y costructivo para la Ley de Ciberseguridad.

Si bien, reconocen el interés por regular y crear un marco jurídico que reglamente la seguridad en el ciberespacio de los diputados.

Hicieron un exhorto con el propósito de expresar la posición de la industria agrupada en cuanto al proceso de discusión de una posible ley.

Desde 2018, hasta la presentada por el legislador Javier Joaquín López Casarín, hay 19 iniciativas en ciberseguridad señala el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes (CDETECH).

En el análisis de la vicepresidencia de Ciberseguridad del CDETECH considera que evaden o ignoran principios clave, que tienen otras legislaciones semejantes a nivel mundial en materia de ciberseguridad con un enfoque holístico.

Además, argumenta que no contemplan temas irreductibles como los derechos humanos, asociaciones público-privadas; la cooperación regional e internacional en la materia y el avance de las tecnologías emergentes, entre otros rubros.

La ley debe trabajarse con inclusión y transparencia

Por separado, las asociaciones Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

Junto con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la International Chamber of Commerce  (ICC MÉXICO) piden que se conforme una normativa no solo robusta y efectiva.

Sino que atienda las problemáticas sociales y de seguridad pública, de hoy y de un futuro que es dinámico”, enfatizan.

Por ello, insisten en que su proceso de análisis, formulación y discusión se lleve a cabo con los más altos estándares de inclusión y transparencia.

“Es fundamental asegurar que cada actor y cada etapa de este proceso legislativo, contemple a todas las partes interesadas”, puntualiza.

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De igual manera, solicitan que, tras la más reciente ruta de trabajo adoptada y votada por los integrantes de las Comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, se garantice la adopción de un enfoque inclusivo en el proceso de discusión.

Por una ley donde quepan todas las visiones

Donde, se incorpore las perspectivas de una amplia gama de actores:

  • Empresas de diversos sectores y tamaños,
  • Expertos en la materia,
  • Académicos,
  • Gobiernos,
  • Sociedad civil.
  • Entre otros.

La inclusión de estas voces es fundamental para asegurar que la legislación resultante sea equilibrada, justa y beneficiosa para todos.

“Estamos firmemente convencidos de que la colaboración amplía significativamente los horizontes de la efectividad.

Por un diálogo constructivo

“Abogamos por un proceso que no sólo esté abierto a la escucha, sino también al diálogo constructivo que fortalezca la confianza en las instituciones encargadas de su gestión”, continúa el texto.

Al tiempo que, destaca la importancia de un análisis detallado y riguroso de las propuestas legislativas, donde se considere cuidadosamente sus implicaciones técnicas, económicas y sociales.

“Es indispensable voltear a ver acciones en otras latitudes del planeta; la ciberseguridad no tiene fronteras y por lo mismo debe contemplar mecanismos de cooperación internacional y mejores prácticas”, detalla el comunicado.

Para ello, destacaron su compromiso de participar activamente en el proceso de discusión, formulación y elaboración de dicha ley.

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