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Organizaciones empresariales proponen reducir las retenciones de IVA e ISR en plataformas digitales para evitar que la falta de liquidez frene la digitalización de las PyMEs.
Las principales organizaciones empresariales y del ecosistema digital en México plantearon reducir las retenciones fiscales aplicadas a las ventas mediante plataformas digitales y abrir una mesa técnica con las autoridades para revisar el esquema que, aseguran, está comprometiendo el capital de trabajo de las PyMEs.
La propuesta es concreta: bajar la retención de IVA de 8% a 2% y la de ISR de 2.5% a 1%, mantener el pago de los impuestos que correspondan mediante la declaración mensual y preservar la información que reciben las autoridades sobre las operaciones digitales.
El planteamiento llega después de que las organizaciones identificaran afectaciones relevantes entre los vendedores: 77% reporta problemas de liquidez, 68% menor capacidad para reinvertir y 44% considera dejar de vender en línea.
El frente empresarial está integrado, entre otras organizaciones, por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), CANIETI, Alianza In México, COMCE, la Cámara de Comercio Internacional (ICC), CANIRAC y AmCham.
El mensaje de las organizaciones no es eliminar impuestos. El reclamo es que el mecanismo utilizado para anticiparlos puede estar retirando efectivo de negocios que necesitan ese dinero para operar.
Una retención que pega directamente al flujo
El esquema vigente desde enero de 2026 establece una retención de 8% de IVA y 2.5% de ISR sobre las operaciones realizadas mediante plataformas digitales.
Jurídicamente, explicaron las organizaciones, se trata de un anticipo de impuestos y no de un nuevo gravamen.
La dificultad está en que la retención se calcula sobre la operación y no sobre el margen real del negocio.
Para una PyME, la diferencia es determinante.
El ejemplo presentado por las organizaciones muestra una empresa que vende 100 mil pesos mensuales, con un costo de mercancía de 80 mil pesos y un margen de 20 mil pesos.
En ese caso, el IVA efectivamente determinado sería de 13 mil 200 pesos, mientras que una retención de 8% sobre las ventas representaría 8 mil pesos.
El problema se agudiza cuando los saldos a favor se acumulan y no se recuperan oportunamente.
Ese dinero puede terminar temporalmente fuera de la caja de la empresa, aunque fiscalmente represente un saldo recuperable.
Para un negocio pequeño, explicaron, capital inmovilizado significa menos capacidad para comprar mercancía, pagar proveedores, contratar personal, invertir en marketing o adquirir tecnología.
3 de cada 100 recuperan sus saldos a favor
Los datos presentados por las organizaciones dimensionan uno de los principales puntos de tensión.
Solo 3 de cada 100 vendedores consultados señalaron haber conseguido recuperar sus saldos a favor mediante devolución.
Mientras tanto:
- 77% reporta afectaciones a su liquidez.
- 68% señala menor capacidad para reinvertir en inventario, personal o crecimiento.
- Entre 15% y 30% de los vendedores formalmente activos en el periodo analizado dejaron de publicar o vender.
- Entre 20% y 52% de quienes permanecieron activos registraron una disminución de sus ingresos frente al año anterior.
- 44% considera dejar de vender en línea.
Las propias organizaciones reconocen que el comportamiento de las ventas puede responder a múltiples factores y que no toda la caída puede atribuirse exclusivamente al esquema de retenciones.
Sin embargo, sostienen que las retenciones aparecen de manera recurrente entre los factores señalados por los vendedores.
El riesgo que identifican es que un mecanismo creado para fortalecer la recaudación termine reduciendo la capacidad de operación de una parte de los contribuyentes.
El conflicto llega en plena expansión del e-commerce
La discusión ocurre cuando el comercio electrónico mexicano ya representa una parte relevante del consumo.
Las organizaciones reportaron que al cierre de 2025 las ventas en línea superaron los 900 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 19%.
Además, 17.7% de las ventas minoristas del país ya se realizan por internet.
El mercado todavía tiene una amplia base potencial de crecimiento: México cuenta con aproximadamente 5.5 millones de unidades económicas, pero apenas una de cada 18 vende actualmente por internet, según las cifras presentadas.
Para las asociaciones, esa brecha representa una oportunidad para incorporar más empresas a la economía digital formal.
Pero existe un problema: si las condiciones financieras de vender en línea reducen el capital disponible de los pequeños negocios, la barrera para digitalizarse deja de ser tecnológica y se convierte en financiera.
Digitalizar también significa formalizar
Las organizaciones defienden que las plataformas digitales pueden ser un vehículo para ampliar la formalidad empresarial.
Para comenzar a vender mediante una plataforma, un negocio debe contar con RFC, emitir facturas y declarar sus operaciones.
Las transacciones digitales, además, dejan información sobre ventas y pagos que facilita la trazabilidad de la actividad económica.
Desde esta perspectiva, digitalización y formalización pueden avanzar juntas.
La estimación presentada por las organizaciones plantea el tamaño de la oportunidad: si durante los próximos tres años uno de cada 18 negocios que hoy no vende por internet se incorporara al comercio digital formal, podrían sumarse más de 50 mil negocios mexicanos realizando operaciones con factura y declaraciones.
Por eso, el debate no se limita a cuánto se retiene.
La discusión de fondo es qué condiciones fiscales permitirán que más empresas entren al comercio electrónico y permanezcan en él.
La propuesta empresarial: recaudar sin descapitalizar
Las organizaciones plantean cuatro medidas:
Reducir las tasas.
Pasar de 8% a 2% en IVA y de 2.5% a 1% en ISR.
Mantener el pago de impuestos.
La diferencia que corresponda pagar permanecería cubierta mediante la declaración mensual del contribuyente.
Instalar una mesa técnica.
Organizaciones y autoridades analizarían con datos el impacto del esquema y sus posibles alternativas.
Conservar la fiscalización.
El SAT mantendría acceso a la información de las operaciones y la trazabilidad de las transacciones.
La propuesta, por tanto, no plantea eliminar la retención ni reducir las obligaciones fiscales de las empresas. Busca modificar el porcentaje retenido para acercarlo al impuesto que efectivamente generan negocios con márgenes reducidos.
El problema para el empresario: vender más no necesariamente significa tener más efectivo
Para una PyME que opera en marketplaces, la discusión tiene una consecuencia inmediata: ventas, utilidad y flujo de efectivo no son lo mismo.
Una empresa puede incrementar sus ventas y, al mismo tiempo, enfrentar problemas de liquidez si una parte de sus recursos permanece retenida mientras debe cubrir inventario, proveedores, nómina y otros costos de operación.
La situación puede ser especialmente complicada para negocios con márgenes estrechos.
Por ello, las organizaciones consideran que el esquema actual debe evaluarse no solo desde la perspectiva de recaudación, sino también desde su efecto sobre el capital de trabajo y la permanencia de los vendedores.
El riesgo: que la recaudación termine reduciendo la base
La advertencia empresarial apunta a un posible efecto contraproducente.
Si las retenciones obligan a más vendedores a reducir operaciones, abandonar plataformas o desistir de incorporarse al comercio electrónico, también se reduce el universo de negocios formalizados y sujetos a fiscalización.
Las organizaciones sostienen que, bajo las tasas actuales, la presión sobre la liquidez puede terminar afectando precisamente a la base contributiva que se busca ampliar.
La propuesta es mantener la trazabilidad, conservar la fiscalización y garantizar el pago de los impuestos correspondientes, pero evitar que el anticipo fiscal se convierta en una barrera para operar.
El desafío para las autoridades será encontrar el punto de equilibrio entre recaudación, formalización, digitalización y capital de trabajo.
Para las PyMEs, mientras tanto, el problema ya no es únicamente cuánto venden en internet, sino cuánto efectivo queda disponible después de vender.
