Juan Carlos García, único inculpado por el caso Pegasus en México, empleado de Proyectos y Diseños VM, una empresa que comercializó el software espía, podría tener una pena de entre seis meses y seis años de prisión.
Al menos 15 mil personas en México estuvieron en la mira del programa Pegasus entre 2016 y 2021, y sólo una, Juan Carlos García, empleado de Proyectos y Diseños VM, está inculpado y podría recibir pena carcelaría.
Pegasus es un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite acceder a toda la información y las comunicaciones de un teléfono celular sin que el usuario se dé cuenta.
Los resultados de una investigación periodística internacional llamada Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories y el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, mostraron que, al menos 15.000 personas en México, estuvieron en la mira de este programa entre 2016 y 2021.
Entre las posibles víctimas de espionaje se encuentran periodistas, activistas, opositores políticos, empresarios, abogados, diplomáticos y hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia.
También se ha revelado que el magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más poderosos del mundo, fue blanco de Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre el uso de Pegasus en México hace cuatro años, pero hasta ahora no ha dado resultados ni ha detenido a ningún responsable.
El único arrestado por este caso es Juan Carlos García, empleado de Proyectos y Diseños VM, empresa que comercializó el software espía, fue arrestado, acusado de intervenir ilegalmente el teléfono de una periodista.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado, que podría tener una pena de entre seis meses y seis años de prisión, según el artículo 177 del Código Penal Federal.
García se encuentra en prisión preventiva justificada por los próximos cuatro meses, plazo que una jueza de control fijó para realizar la investigación complementaria.
El uso de Pegasus en México ha generado una ola de indignación y condena por parte de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad civil, que exigen justicia y transparencia. También ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la privacidad y la libertad de expresión en el país, así como la falta de regulación y control sobre el uso de la tecnología de vigilancia por parte del Estado.