IP plantea efectos de “sobre regular” el outsourcing

Sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, entre otros, hacen un uso extensivo de la contratación legal, denominada como outsourcing, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado en el que plantea que la iniciativa de AMLO contra la subcontratación, tal como está planteada, pone en riesgo miles de empleos.

La iniciativa, recién enviada a su análisis a la Cámara de Diputados por parte del ejecutivo federal, desalienta la creación de empleos, opinaron representantes de la cúpula empresarial. 

Al analizar la iniciativa, se percibe que lo que el gobierno trata no es solo evitar la evasión fiscal y de obligaciones laborales, sino eliminar la flexibilidad laboral.
En la presentación de la conferencia mañanera del jueves 12 de noviembre, se atribuyó a la subcontratación la caída en el número de asegurados que se da en los meses de diciembre.
Por ejemplo, el diciembre del año pasado hubo una baja de 1.4 por ciento; en el mismo mes de 2018, la caída fue igual.
El argumento es que la reforma laboral que se aprobó en noviembre de 2012 incentivó la subcontratación y propicia estas variaciones de fin de año. Pero resulta que, en 2011, la caída del empleo fue de 1.3 por ciento en diciembre y en 2010 bajó 1.5 por ciento. No hay cambio.
Es cierto que se abusó y en ocasiones se empleó como un instrumento para evadir obligaciones fiscales y laborales, pero también permitió una mayor flexibilidad laboral.
Como en otros temas, se opta por cancelarla en lugar de regularla.

El gobierno actual pierde de vista que, si se aprueba la iniciativa que conocimos ayer en los términos que viene, lo más probable es que tengamos una caída en la generación de empleo porque se perderá flexibilidad y se aumentarán los costos.

La iniciativa privada se manifestó en contra de la subcontratación ilegal, y resaltó que la legal brinda esquemas de prestaciones laborales para resguardar la salud, patrimonio y seguridad laboral de los trabajadores, y ha resultado ser un vehículo para que empresas internacionales cumplan con las leyes en materia de contratación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)  pidió un Parlamento abierto para discutir su contenido.
“Hacemos un llamado a los Diputados federales a establecer un nuevo proceso de Parlamento abierto, en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa, y por tanto se puedan hacer las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas”, expuso el CCE en una misiva.

El CCE recordó que ya se tiene una propuesta resultado del consenso, después de las discusiones realizadas por el Senado el año pasado.
“Se alcanzó un consenso entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo”, afirmó el CCE.

¿Qué observa el gobierno?

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mecanismo de subcontratación conocido como outsourcing es equivalente a la “defraudación fiscal”, según lo dicho el jueves al anunciar la iniciativa que se enviará a la Cámara de Diputados, para modificar la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, al Código Fiscal, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo que —se presume— resolverá “los problemas y abusos” para 4.6 millones de trabajadores.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional se presentó la iniciativa que pretende regular la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, así como a las agencias de colocación, y, según la advertencia lanzada por la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con sanciones para quienes incumplan.

“Se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas”, manifestó.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, explicó que a más tardar en diciembre próximo sería aprobada la iniciativa que conjuntará un dictamen para prohibir la subcontratación, que ya estaba aprobado y listo para subirse al Pleno.