En el año en curso, la gestión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, proyecta que el Estado mexicano percibirá $6,291.4 millones de pesos (mdp) por concepto de recaudación por la provisión de servicios de redes públicas de telecomunicaciones. Adicionalmente, se calculan ingresos para el IFT por $18,157.5 mdp correspondientes al cobro de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de servicios de telecomunicaciones y $26.2 mdp por servicios que presta directamente el regulador.
Así, en su conjunto se generarán percepciones para el Estado por $24,475.1 mdp derivados del cumplimiento de las funciones múltiples del regulador.
En contraste, el Presupuesto de Egresos de la Federación estima una erogación por $1,510 mdp correspondientes a la gestión del Instituto.
Este costo tan sólo representa una razón de 6.2% del monto total de recursos que percibirá el Estado por la instrumentación de política regulatoria y administración del espectro radioeléctrico por parte del IFT.
Es así que, el Estado dejaría de percibir, por la desaparición del IFT, 16.2 veces más los ingresos que hoy corresponden a la labor especializada de un regulador que ha probado ser eficaz para promover las inversiones, aumentar la disponibilidad de recursos espectrales, reducir los precios y detonar el acceso y consumo de las telecomunicaciones entre la población, así como recuperar el bienestar social atribuible a la falta de competencia y los elevados precios de los servicios.
Desaparición del IFT subiría tarifas de telecomunicaciones: expertos@ernestopiedras @Mileniohttps://t.co/vrPkwpzUgO
— The CIU (@theciu) January 19, 2021
La razón de ser
Desde su creación en 2013, el IFT ha dedicado esfuerzos a la competencia efectiva, la asignación eficiente del espectro radioeléctrico, la promoción de las inversiones, la cobertura universal, la disponibilidad asequible, la calidad óptima de los servicios, entre otras obligaciones a su cargo. El cumplimiento de estos mandatos constitucionales ha generado beneficios tangibles para usuarios, proveedores de los servicios, así como para la nación.
Este sector en su origen se caracterizó histórica e internacionalmente por tender hacia una extrema concentración que, en la mayoría de los casos, se constituía en monopolios públicos o privados. El avance tecnológico, acompañado del aprendizaje legal, regulatorio y de mercados, llevó a los países a buscar gestar competencia efectiva en su operación y, con ello, la provisión optima de servicios.
Su establecimiento surge también para asegurar el bienestar público, calidad de servicios, monitoreo del cumplimiento de las obligaciones, de estándares técnicos de calidad y seguridad, promoción de inversión en infraestructura, así como resolución de disputas entre agentes económicos, entre otras funciones.
La experiencia internacional se orienta al fortalecimiento, especialización técnica e independencia de reguladores, respecto a otras entidades del Estado. Ejemplos destacados se encuentran en Federal Communications Commission (FCC) en EUA, Ofcom en Reino Unido o la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en Colombia.
Estos órganos se integran en un entramado constitucional de complementariedad entre organismos desconcentrados, secretarías de estado, Poder Judicial y otras entidades del Estado, para optimizar la provisión de servicios, en términos de disponibilidad, asequibilidad, diversidad y calidad.