Los ciberataques a las instituciones gubernamentales generan daños económicos por más de 524 mil 800 millones de pesos al año.
En México, 90% de las dependencias públicas de gobierno carecen de elementos para protegerse de ciberataques.
Denunció Víctor Ruiz, fundador de la empresa SILIKN.
“Alrededor del 10.2% de las dependencias cuenta con un plan de respuesta a incidentes“.
Sostuvo el directivo.
Tras realizar un análisis de la vulnerabilidad cibernético en las instituciones.
La empresa especializada destacó que 78.3% de los responsables de las áreas de TI reconocieron que el tema de ciberseguridad se convirtió en una amenaza a la seguridad nacional.
“Los ciberataques están aumentando, tanto en cantidad como en sofisticación, con incidentes cada vez más graves.
“Que afectan cada semana a las empresas y a las dependencias del Gobierno mexicano“.
Acusó Ruiz.
Con incidentes recientes como los secuestros de datos a las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o el robo de información a la Defensa Nacional (SEDENA).
SILIKN añadió que estos ataques generan daños económicos a los contribuyentes por más de 524 mil 800 millones de pesos al año.
Con lo anterior, las dependencias se convirtieron durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en objetivos fáciles para el cibercrimen, aseguró la empresa.
“Faltan mejores prácticas de ciberseguridad y voluntad por parte de sus dirigentes para poder establecer planes y programas de prevención y respuesta a incidentes“.
Añadió.
Ley cibernética insuficiente
Pese a que en el Senado se trabaja en una ley para establecer debidamente las competencias y las bases de coordinación entre la Federación.
Esto no será suficiente para reducir la vulnerabilidad del Estado.
“Hace falta un mayor conocimiento en temas de ciberamenazas, ciberatacantes, técnicas, metodologías y herramientas.
“Así como una mayor rapidez para implementar la ley y estar al nivel de velocidad con la que se presentan los ciberataques“.
Advirtió la firma.
Ruiz sostuvo que también hace falta mayor interés y compromiso por parte del gobierno, tras el recorte de 3 mil 300 millones de pesos en los servicios de informática y ciberseguridad que aplicó.
Con lo anterior, genera que muchos funcionarios trabajen con computadoras y sistemas operativos obsoletos.
Sin actualizaciones, sin parches de seguridad, sin antivirus y utilizando programas piratas, poniendo en peligro a millones de ciudadanos, y su respectiva información personal.
El ajuste a la baja de recursos públicos pone a las dependencias en una situación vulnerable.
Sin fondos para adquirir programas o sistemas de ciberdefensa y expuestos ante el crimen organizado, hacktivistas, ciberterroristas, amenazas avanzadas persistentes y Estados-nación, argumentó el directivo.