La Cámara de Senadores aprobó la propuesta para modificar seis leyes y la Constitución a fin de limitar la subcontratación de personal a servicios o ejecución de obras “especializados” y prohibirla para actividades esenciales que formen parte del objeto social o del modelo de negocio de la empresa.
La reforma restringirá también los escenarios en los que es posible la subcontratación; obliga a las agencias de colocación a registrarse en un padrón público y a las empresas que recurran a sus servicios, a ser responsables “solidarias” en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales o fiscales. Estas últimas tendrán tres meses para incorporar a la nómina al personal subcontratado que no caiga en las excepciones previstas por el nuevo marco legal. En la Cámara de Diputados, donde la reforma se aprobó la semana pasada, los diputados añadieron una cláusula para extender los límites de la subcontratación al sector público, que utiliza ampliamente esta práctica para cubrir ciertos puestos.
La votación obtuvo 118 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra.
Mientras que la Iniciativa Privada tiene tres meses para acoplarse a las nuevas leyes, el Sector Público tiene hasta el 1 de enero de 2022 para hacerlo.