Analistas advierten que la iniciativa reducirá las inversiones ante las acciones discrecionales que pueda tener el gobierno.
La iniciativa del gobierno federal que le permitiría terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, unilateral y sin resarcimiento de daños limitaría las inversiones en el país, consideran expertos.
“Cuando estás pensando en realizar una inversión en un país es porque necesitas tener la convicción de que se te va a respetar y que tu inversión se va a regir bajo un marco jurídico estable, transparente y confiable.
“Este tipo de medidas dejan a los inversionistas en un estado de absoluta indefensión, puesto que estás al árbitro de la autoridad“.
Detalló Luis Felipe Aguilar, socio del despacho Aguilar y Loera.
La semana pasada, el Ejecutivo Federal mandó al Legislativo una serie de reformas.
Las cuales amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando los hechos afecten el interés público, general o social.
Cuando causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier índole.
Con ello, todos los contratos de adquisición y obras públicas que celebre la Administración Pública Federal (APF) en el ámbito nacional e internacional deberán incluir una llamada “cláusula exorbitante”.
Con la que se podrá dar por terminado de forma anticipada esos contratos por causa de “interés público o actos de corrupción”.
La iniciativa, dijo Aguilar, manda una señal negativa a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.
Comentó que se trata de un mensaje totalmente cuestionable, ya que carece de elementos sólidos como para que pueda pasar una reforma en ese sentido.
Luis Burgueño, socio de Von Wobeser y Sierra, aseveró que la reforma traería incertidumbre en las inversiones, como las del nearshoring e incentivaría a moverlas fuera del país.
“El no tener un régimen de Estado de Derecho, no tener un entorno regulatorio que dé certidumbre a la inversión, obviamente va en contra de la intensión de atraer más inversión.
“Muchos proyectos se hacen imposibles de financiar”.
Expuso.
Señaló que para alimentar las inversiones se necesita un entorno regulatorio estable y transparente, donde haya seguridad jurídica.