En materia de outsourcing, van contra la subcontratación ilegal
La Cámara de Diputados recibirá en breve la propuesta del Gobierno federal para regular la figura de la subcontratación o el outsourcing, la cual persigue tres objetivos: evitar que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Regular la prestación de este tipo de contratación, siempre y cuando esto no forme parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiada de los mismos.
#ConferenciaPresidente | Jueves 12 de noviembre de 2020 https://t.co/naHmV8H8Df
— Gobierno de México (@GobiernoMX) November 12, 2020
La Secretaría del Trabajo formará un padrón que será público, en el que las compañías podrán ver qué tipo de empresas sí están autorizadas para esas tareas.
En materia de servicios y obras especializadas, terceros o agencias podrán intervenir en el reclutamiento, selección, capacitación, entrenamiento de los trabajadores, pero tendrán prohibido contratar en sustitución del patrón de los empleados.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, informó durante la conferencia de AMLO de este jueves, que la propuesta modificará seis leyes: la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit; el Código Fiscal; la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.
“No puede haber empresas que simulen relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados con otros”, explicó.
La funcionaria subrayó que la iniciativa no afectará a las empresas que sí cumplen con las regulaciones relacionadas con el outsourcing.
Posibles efectos
Más de 4.5 millones de trabajadores en México están contratados por esquemas de outsourcing. Si se eliminaba la figura de outsourcing o el modelo de subcontratación en su totalidad, 80% de ellos; es decir, 3.6 millones, pasarían a la informalidad. Así, la informalidad pasaría de una tasa de 54.9% a 61% de la población activa.
El aumento de informalidad se debe al aumento en costos administrativos. Especialmente en pequeñas y medianas empresas (Pymes), eliminar por completo la práctica llevaría los costos a niveles insostenibles.
El segundo gran riesgo habría sido la pérdida masiva de empleos en caso de que el gobierno no distinguiera entre el outsourcing legal e ilegal.
Por último, está el problema de la inversión, ya que la subcontratación es a veces la única firma de operar en el país debido a la alta carga social.
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