Aplazan IP y gobierno discusión sobre outsourcing
Representantes de la Iniciativa Privada y del Gobierno Federal firmaron el día de hoy un documento en el que, de entrada, piden al Poder Legislativo aplazar hasta febrero de 2021 la discusión de la propuesta enviada hace unas semanas por el Gobierno para regular la práctica de outsourcing en México.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que IP y Gobierno acordaron cuatro puntos y se comprometieron a resolver el problema del abuso de subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.
.@LuisaAlcalde, titular de la @STPS_mx, habla de los cuatro puntos del acuerdo sobre outsourcing a revisarse. @lopezobrador_ #mañanera @Notimex @Notimex pic.twitter.com/7NLs5LkOxx
— Fernando Rivero M (@FerchoRivero) December 9, 2020
El esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.
Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
Ante el alcance de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, pidieron al Poder Legislativo posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.
Hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que los empresarios están en contra de cualquier tipo de acción que afecte a los y las trabajadoras, y por eso se ha buscado el diálogo con el Ejecutivo.