Abel Méndez Corona, Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, concedió el 1 de febrero el primer amparo contra esta ley de Austeridad, promovido por un ex funcionario del sector financiero.
El Congreso no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana, planteó Abel Méndez Corona, Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región.
Con base en ese criterio, el magistrado declaró inconstitucional el impedimento de diez años que se impuso a los altos mandos del Gobierno para que no puedan trabajar en empresas a las que regularon.
La Ley Federal de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019, tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal.
Además de coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.
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La norma considera a la Austeridad Republicana como la Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico.
Esto con el fin de combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Concede amparo
Méndez Corona concedió el 1 de febrero el primer amparo contra esta ley, promovido por un ex funcionario del sector financiero, al que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre de 2021 porque no habían pasado diez años de que salió del Gobierno.
Méndez, uno de los dos jueces federales que tramitan amparos por este tema, estableció que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de “austeridad republicana”, pues se trata de una política de Estado que tiene que estar prevista en la Carta Magna para evitar confusiones en cuanto a la forma en que se deben ejercer los recursos públicos.
Aunque ya no era necesario para conceder el amparo, el Juez también se pronunció, específicamente, sobre el artículo 24 de la ley, que estableció el candado de diez años, mismo que la Cámara de Diputados había dejado en cinco años, pero fue elevado a diez en el Senado, ante reclamos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué procede?
El Gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene agendado para mayo discutir una acción de inconstitucionalidad de diputados de Oposición, que impugnaron múltiples temas de esta ley, incluida la facultad del Congreso para emitirla.
De ser confirmado el amparo, Consupago tendrá· que reconsiderar la solicitud de empleo, sin tomar en cuenta el candado de diez años.
El nombre del ex funcionario que promovió el amparo ha sido censurado en todas las notificaciones de este litigio.
Si la Corte no reúne los ocho votos para anular el candado de diez años, de todos modos podría conceder amparos en casos individuales, pues para ello solo se requieren seis votos en Pleno, o tres votos en las Salas.
La Ley de Austeridad entró en vigor en noviembre de 2019, y si bien algunos ex funcionarios promovieron amparos desde ese momento, este es el primer caso en el que un empleo en el sector privado fue negado por la regla de los diez años.