54 senadores votaron a favor del dictamen mediante la cual se crea un padrón con los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares, lo que, en opinión de otros legisladores, no sólo es inconstitucional, sino además representa una medida de un régimen autoritario.
Si eres usuario de servicios de telefonía móvil, estarás obligado a otorgar tus datos biométricos, número de identificación oficial y otros documentos, a fin de que pasen a formar parte de un padrón de usuarios.
La minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, lo cual representa una votación dividida.
Al presentar el dictamen, la morenista Lucy Meza argumentó que la creación de este padrón tiene la finalidad de inhibir en su totalidad los principales delitos que aquejan a nuestro país, como la extorsión y el secuestro, delitos que dejan ganancias a la delincuencia organizada de 12 mil millones de pesos al año.
El emecista Noé Castañón advirtió que la infraestructura y operación de este padrón costará 109 millones de pesos en el primer año solamente, por lo que de aprobarse este dictamen más que ayudar a combatir la delincuencia fomentará otro tipo de delitos y prácticas.
La panista Xóchitl Gálvez consideró que esta reforma conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular o una tarjeta SIM a registrar sus huellas dactilares y biométricas.
“Este dictamen es inconstitucional y atenta los derechos humanos que propicia un sistema de vigilancia de hostigamiento con carácter autoritario, indigno de un país democrático. Miren sólo países como China, Tajikistan, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela tienen este tipo de registros”, dijo.
Emilio Álvarez Icaza, senador que no representa a ningún partido, opinó que esta medida es propia de regímenes autoritarios que obstaculizan el derecho a la expresión anónima y facilita el monitoreo y control de poblaciones en relación con los derechos humanos en libertades fundamentales. Sólo existen 17 países que tienen un padrón de esta naturaleza, todos de corte autoritario.
En estos momentos, se discuten las reservas; una vez que se avale en lo particular, esta reforma pasará al Ejecutivo para su promulgación.
Los retos
Iván Campos, socio de Cyber Risk y Líder de Privacidad en Deloitte Spanish Latin America, opinó que la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en nuestro país, implica importantes retos tanto para las empresas que se encargarán de recopilar los datos, como para las autoridades que lo administrarán; el más importante de ellos será, quizá, la protección de los datos personales.
Una base de datos que incluye número telefónico, identificador único de la tarjeta SIM, nombre completo, domicilio y datos biométricos (huella digital). Esto sería el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un proyecto que surge a partir de la modificación propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de enfrentar y prevenir diversos delitos.
En 2009, existió un antecedente en México sobre la creación de un padrón de usuarios de telefonía, muy similar al que ahora se busca llevar a cabo: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). El objetivo de este programa, sin duda, era legítimo: disminuir delitos como la extorsión y el secuestro; sin embargo, su implementación se enfrentó a diversos problemas técnicos y legales que derivaron en la exposición de datos de los usuarios de telefonía móvil y, finalmente, en la derogación de dicho registro, en 2011.
Entre los problemas técnicos, estaban la ausencia de mecanismos que impidieran la falsificación de datos, así como el alto grado de vulnerabilidad de la información. Fue tan poca la protección de la misma que, poco después de ser recabada, terminó como mercancía dentro del mercado “negro” o ilegal.
En cuanto a las dificultades legales, ocurrió que, debido a que un alto número de usuarios no se registró antes del 10 de abril de 20101 –lo que implicaba la cancelación de sus líneas–, muchas empresas de telefonía y personas interpusieron amparos que fueron resueltos en su favor, hasta que se decretó la extinción del Renaut.