“Por puntos y porcentajes y mecanismo binario”, la dependencia notificó a cada uno de los siete proveedores interesados en surtir el sistema antidrones, que no cumplían con los criterios de evaluación suficientes contenidos en los requerimientos de la licitación.
Entérate de que Palacio Nacional, residencia y oficina de AMLO, no contará en el corto plazo con la protección de un sistema antidrones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) le cortó las alas a los siete proveedores interesados en ganar la licitación para surtirlo.
La dependencia castrense argumentó que ninguno cumple con los criterios de evaluación suficientes contenidos en los requerimientos de la compra.
En la licitación participaron 7 compañías con propuestas económicas que iban de los 4.6 millones de pesos a los 6.9 millones de pesos:
- Aerointegral, S.A. de C.V.
- DG Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
- FBC Datec, S.A. de C.V.
- Global Business Solution, S.A.P.I. de C.V.
- INT Intelligence Telecom Technologies México, S.A. de C.V.
- Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial, S.A. de C.V.
- TBN Tactical Equipment, S.A. de C.V.
¿Qué sistema antidrones quiere comprar SEDENA?
SEDENA busca adquirir un sistema antidrones con capacidad para neutralizar señales de radiocomunicación en un rango de 1 kilómetro desde Palacio Nacional.
El modelo de ataque solicitado es conocido como “bloqueo ciego”.
Actúa de una manera binaria (apagado/encendido) para bloquear señales en las bandas 433 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz sin discriminación.
Eso significa que las tecnologías Bluetooth, WiFi y GPS se ven interrumpidas durante el tiempo en el que el sistema esté activo.
Te cuento que el sistema antidrones (o drone jammer, como es conocido en inglés) pretendía instalarse en Palacio Nacional, con el centro de mando en la planta baja y la torre estructural del sistema en la azotea.
La cancelación del procedimiento de licitación se notificó a los interesados el 2 de agosto de 2021 a través del sistema CompraNet.
De acuerdo con la ley de adquisiciones, que regula las compras de gobierno a escala federal, las oficinas públicas pueden cancelar una licitación cuando “se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad”.
De acuerdo con el artículo 65, los licitantes pueden presentar un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).