La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara Diputados dictaminó favorablemente el pasado 18 de noviembre la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que impone a fabricantes, importadores, comercializadores de tecnología y eventualmente a los consumidores, una tarifa a cada dispositivo que pueda copiar, almacenar o reproducir obras, al cual denominan “remuneración compensatoria” por copia privada.
El ajuste implica que dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras personales, CD-R, memorias USB, discos duros, reproductores de MP3, escáneres, impresoras, fotocopiadoras y grabadoras tendrán un incremento considerable en su precio final.
Con esta medida, tan sólo por la adquisición de smartphones y computadoras, los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre $4,187 y $6,205 millones de pesos anuales más por el sobreprecio que generará la “remuneración compensatoria” impulsada propuesta por el diputado Sergio Mayer.
La Asociación de Internet MX (AIMX) reiteró que la copia privada es un uso legítimo que le permite al consumidor copiar por una sola vez las obras, por las que ya pagó, para su disfrute personal, sin tener que pedir autorización o realizar un pago adicional al titular de los derechos de autor, es decir, se trata de un uso doméstico que no afecta la explotación de la obra, por lo que el establecimiento de una “remuneración compensatoria” no está justificado.
Esta “remuneración compensatoria”, de aprobarse será cubierta en última instancia por el consumidor final, ya que los fabricantes, importadores y comercializadores tendrán que incorporar al precio este costo, lo que encarecerá la adquisición de tecnología lo que a su vez afectará la competitividad económica en todos los sectores y limitará el acceso a la misma a las secciones más vulnerables de la población.
Con el Dictamen aprobado por la Comisión de Cultura y Cinematografía, se criminaliza a la tecnología sin importar el uso efectivo que se le dé, ya que se basa en el supuesto de que todos los mexicanos que adquieren un dispositivo lo utilizan para realizar copias privadas de obras, sin importar que los usuarios lo usen para otros propósitos.
Encarecer estas tecnologías agrava la brecha digital y constituye un grave atentado al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. #MocheDigital https://t.co/dBLOskNYer
— R3D (@R3Dmx) November 18, 2020
La eliminación del artículo 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor que propone el Dictamen, tiene el propósito de restringir el uso de fragmentos de obras para fines que no persiguen un beneficio económico, incluyendo los fines informativos, de enseñanza y de investigación científica, lo que volverá ilegal mucho del contenido que se difunde a través de Internet.
Te interesa leer: Modificación de LFDA te convertiría en sujeto obligado a pagar remuneraciones
En el contexto actual de la presente crisis sanitaria y económica, combinado con la creciente necesidad de inclusión de los mexicanos a un entorno digital; resulta fundamental fomentar la adopción de tecnologías digitales que faciliten no sólo la convivencia y la educación, sino también el desarrollo económico local bajo un entendimiento de los hábitos de consumo, mercado y contexto actuales.
Las plataformas de streaming han hecho irrelevante la necesidad de realizar copias privadas, ya que la gente accede al contenido en directo. Asimismo, las plataformas que difunden contenidos vía streaming ya cubren los derechos de autor correspondientes, por lo que se les estará cobrando dos veces a los consumidores.
92% del contenido artístico que transita en las redes móviles del país ya paga regalías, por lo que de prosperar esta iniciativa se daría un doble cobro a los usuarios.
Al establecer un pago adicional a dispositivos y equipos al momento de su importación, este pago podría equipararse a un arancel o tarifa encubierta, lo cual podría traducirse en potenciales violaciones al T-MEC y otros tratados celebrados por México.
La Asociación de Internet MX se planteó en contra de toda propuesta que invite a la regresión, inequidad e impida la innovación y desarrollo en el país, e invitó a los miembros del Congreso de la Unión, en particular a los de la Cámara de Diputados, a que reconsideren la propuesta y se tome en cuenta la voz de millones de usuarios mexicanos que verían afectada su economía y su acceso a nuevas tecnologías.