La iniciativa busca unificar sanciones y fortalecer la protección de víctimas.
La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión. La medida fue respaldada con 474 votos a favor y representa un paso clave hacia la creación de un marco legal homogéneo en todo el país para enfrentar este delito.
La reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de definir tipos penales mínimos y sanciones uniformes a nivel nacional. Esta homologación pretende resolver las diferencias entre códigos penales estatales que actualmente dificultan la persecución del delito.
Una iniciativa con respaldo político y social
La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades federales y locales para combatir la extorsión, uno de los delitos con mayor crecimiento en México.
“Las víctimas deben estar en el centro de la atención del Estado, y la extorsión no puede seguir tratándose con disparidades legales entre entidades”, habría destacado Sheinbaum al presentar la iniciativa.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el Congreso tiene 180 días para emitir la nueva Ley General contra la Extorsión, que deberá incluir mecanismos de protección a víctimas y testigos, así como herramientas para mejorar las capacidades de investigación y persecución de este delito.
Estados y Senado respaldan la reforma
Tras su aval en San Lázaro, la reforma ya cuenta con el respaldo mayoritario de legislaturas estatales, incluida la Ciudad de México, lo que consolida su avance hacia la promulgación. El dictamen fue enviado al Senado de la República para continuar su trámite constitucional, considerado un paso formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Hacia un combate más efectivo contra la extorsión
Con esta reforma, México se encamina a un sistema legal coordinado que permitirá sancionar con mayor eficacia la extorsión, fortalecer la justicia penal y garantizar la seguridad jurídica de las víctimas.
La aprobación unánime refleja un consenso político inusual en torno a la urgencia de frenar este delito, que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios y comerciantes en todo el país.
