Tabla de Contenido
El organismo advierte que eliminar el fuero no basta para reducir la impunidad y plantea fortalecer los mecanismos que permiten que las investigaciones por faltas graves lleguen a una sanción.
Solo 7.1% de los casos de corrupción administrativa investigados por los órganos de fiscalización superior del país llegó a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa, de acuerdo con un nuevo estudio de Transparencia Mexicana.
El resultado adquiere relevancia ante la próxima discusión de un paquete de reformas en materia anticorrupción y de modificaciones a la legislación de fiscalización superior.
El estudio fue elaborado con la participación de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa de las 32 entidades federativas, además de las instancias correspondientes a nivel federal.
La fiscalización tiene facultades, pero las sanciones siguen siendo limitadas
La investigación analiza el funcionamiento de las facultades otorgadas en 2015 a los órganos federales y estatales de fiscalización superior para investigar faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción.
La reforma de ese año buscó fortalecer las capacidades de estos organismos para investigar irregularidades y darles mayores herramientas para llevar los casos ante las autoridades competentes.
Sin embargo, los resultados recopilados por Transparencia Mexicana muestran una brecha entre investigar un posible acto de corrupción y conseguir que concluya en una sanción.
El informe presenta resultados para la Federación y cada una de las 32 entidades federativas, además de un balance general desde la entrada en vigor de estas facultades.
El fuero no es el único problema
Para Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, revisar la inmunidad procesal o fuero puede facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero no constituye por sí mismo una solución a la impunidad.
“Desaparecer la inmunidad procesal, es relevante sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, señaló.
El organismo también considera necesario incrementar la posibilidad de que las investigaciones iniciadas por corrupción lleguen efectivamente a una sanción.
El informe llegará al Congreso
Transparencia Mexicana entregará los resultados al Congreso de la Unión, con el propósito de que sean considerados durante el análisis y discusión de las reformas a la legislación de fiscalización superior previstas para este año.
El estudio forma parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades”, desarrollado por el capítulo mexicano de Transparencia Internacional.
Para los poderes Ejecutivo y Legislativo, el análisis representa una referencia para evaluar el funcionamiento del marco legal vigente y determinar si son necesarias modificaciones a los mecanismos de investigación, procesamiento y sanción de faltas administrativas graves.
El dato clave
7.1% de los casos de corrupción administrativa investigados por los órganos de fiscalización superior terminó en algún tipo de sanción de los tribunales de justicia administrativa.
