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El Artículo 30-B plantea acceso a la información de las transacciones para verificar el cumplimiento fiscal.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma clave al Código Fiscal de la Federación (CFF) dentro del paquete económico 2025, incorporando el nuevo artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que operan en México a otorgar acceso en línea, en tiempo real y permanente al Servicio de Administración Tributaria ( SAT ).
Este cambio implica que plataformas como Netflix, Mercado Libre, Uber y aplicaciones de citas deberán proporcionar al SAT acceso directo a la información de sus transacciones para verificar el cumplimiento fiscal. El acceso será permanente y en tiempo real, con el objetivo de fortalecer la transparencia y fiscalización en el sector digital.
Transparencia, fiscalización y alcance
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, la medida busca mejorar la supervisión de servicios digitales variados, incluyendo plataformas de streaming, educación en línea, intermediación entre terceros, clubes virtuales y sitios de citas. Para esto, el SAT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) definirán los protocolos técnicos y reglas para la conexión con los sistemas de estas plataformas.
La reforma garantiza que el acceso del SAT estará limitado a la información fiscal “ estrictamente necesaria” y se protegerán los datos personales de los usuarios.
Controversias y preocupaciones
La aprobación del artículo 30-B generó críticas, principalmente de las bancadas del PAN y PRI. Entre sus argumentos destacan:
- Falta de claridad sobre qué información será accesible y los protocolos de seguridad aplicados.
- Ausencia de detalle sobre quién auditará el uso de los datos recopilados.
- Riesgo de que el acceso gubernamental se utilice como mecanismo de censura indirecta.
- Preocupación porque la sanción de bloqueo temporal de plataformas por incumplimiento podría ser una medida extrema sin control judicial previo, lo que contravendría estándares internacionales de libertad de expresión y neutralidad en internet.
Posición oficial y cronograma
Freyda Marybel Villegas Canché, diputada de Morena, explicó que esta reforma integra y vincula el artículo 30-B con el marco vigente de obligaciones fiscales para plataformas digitales. Esto permitirá que la autoridad fiscal cuente con toda la información necesaria para verificar el cumplimiento tributario.
Asimismo, mencionó que se otorgará un período razonable para que las plataformas realicen los ajustes técnicos necesarios, estableciendo en el artículo primero transitorio que la reforma entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.
Análisis comparativo internacional
El artículo 30-B mexicano se alinea con una tendencia global en cuanto a la fiscalización de la economía digital, aunque con matices:
- En la Unión Europea, la Directiva DAC 7, vigente desde 2023, obliga a que las plataformas digitales reporten información relevante a las autoridades fiscales de manera periódica, facilitando un intercambio automático entre países para combatir la evasión fiscal, pero no exige acceso en tiempo real permanente como en México.
- España ha implementado obligaciones para plataformas digitales enfocadas en el cálculo y retención del IVA, y en la facilitación del acceso a información para verificar la tributación correcta. El enfoque español se centra en reporte y cooperación administrativa más que en acceso en línea permanente directo.
Estos marcos internacionales han contribuido a mejorar la recaudación fiscal digital, pero también presentan desafíos importantes en protección de datos personales y cumplimiento operativo para las plataformas.
El modelo mexicano es más agresivo en cuanto a acceso en tiempo real y sanciones automáticas, lo que genera preocupaciones sobre privacidad, libertad de expresión y neutralidad de internet. Sin embargo, busca cerrar lagunas fiscales en un mercado digital en constante expansión.
Próximos pasos legislativos
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en una sesión celebrada entre el 15 y 16 de octubre de 2025 y se envió al Senado para su discusión y posible aprobación definitiva.
