Se elimina el artículo 109 que causó controversia, como parte de un nuevo marco normativo que busca garantizar la conectividad para al menos 15 millones de personas.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, dio a conocer los elementos centrales de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusoras.
Esta, dijo, busca garantizar la conectividad de al menos 15 millones de personas en México que hoy no tiene acceso efectivo a Internet.
En medio de las discusiones sobre los cambios a dicha ley, Peña Merino aclaró que la iniciativa no propone ni fomenta la censura.
De tal modo que, informó, se elimina elArtículo 109, el cual proponía mecanismos para regular y controlar las telecomunicaciones, aclarando que “solo se buscaba ir en coordinación con laLey del IVA”.
“Aquí no hay censura, al contrario, no. Esta es una ley que promueve la conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes.
“Es una ley que claramente va en el sentido contrario entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda o malentendido, se elimina la modificación”, dijo el funcionario.
En total 15 millones personas sin conectividad
Durante su participación en la conferencia de prensa del gobierno federal de esta mañana, el funcionario enfatizó que, los cambios en materia legislativa de ese sector, responde a una necesidad estructural cuyos objetivos son:
- Cerrar las brechas de acceso en zonas marginadas
- Reducir el costo del servicio
- Permitir que tanto operadores públicos como comunitarios puedan ofrecer conectividad con mayor equidad
De acuerdo con datos proporcionados por Peña Merino, al menos 10 millones de personas en México viven en zonas sin cobertura 4G; y otras 4.4 millones de personas viven en sitios con cobertura móvil.
Mas, no cuentan con ingresos para contratar el servicio.
En total, unos 15 millones de personas en México permanecen desconectadas.
Aceptó que la cobertura sigue siendo limitada en zonas rurales, aun cuando hubo avances durante el sexenio pasado, como la instalación de infraestructura pública que incrementó de 13,000 a 141,000 las localidades conectadas entre 2018 y 2024.
En localidades con menos de 200 habitantes, solo el 26% tiene conexión, indicó.
Además, explicó que México mantiene el costo más alto por gigabyte de datos móviles entre países comparables.
Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que proporcionó en el país el costo es de 5.22 dólares por GB, frente a países como Egipto, donde el costo es de 0.52 dólares.
Separación del IFT
Entre los cambios que se dieron a conocer, también se encuentra la separación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en dos:
- Las tareas de regulación de telecomunicaciones permanecerán en el IFT.
- Mientras que la competencia económica pasará a una nueva Comisión Antimonopolio, dependiente de la Secretaría de Economía.
Detalló que la iniciativa contempla un órgano desconcentrado sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica.
Además, tomará decisiones colegiadas, con 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo y calificados por el Senado.
Además propone el espectro para gobierno, gratuito para cobertura social, en igualdad de condiciones para uso comercial.
De tal modo, que operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse a las redes de los grandes operadores, a costos accesibles.
También se incluye:
- Acceso fácil a espectro para fines educativos y de investigación.
- Disponibilidad del servicio a sectores como el de semiconductores y otros que impulsan procesos de automatización, entre estas pequeñas empresas Telecom.
- Espacio para la radio local en lenguas originarias, y estas accedan a patrocinios.
- Bloqueo de señales en centros penitenciarios.
- No a la propaganda política del extranjero
Asimismo, el Artículo 210 se mantendrá qué señala que no se permite a TV y radio la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, excepto de promoción turística, cultural o deportiva. Ni comercializar – espacios en plataformas digitales para dichos fines.
En ese sentido se eliminan el 201 y 202, los cuales indicaban que la secretaria de Gobernación autorizaba los programas, incluso extranjeros, por lo que los interesados deberían de entregar por escrito la solicitud.
