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El fallo anula principalmente los aranceles “recíprocos” aplicados desde enero de 2025 a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. No obstante, deja intactos gravámenes sectoriales previos, como los aplicados a industrias específicas como acero y aluminio.
La Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump impuso de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que excedió la autoridad conferida por el Congreso.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres el 20 de febrero de 2026, representa un revés jurídico a la estrategia comercial de la Casa Blanca y reabre el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia arancelaria.
Fundamento del fallo
La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que el Ejecutivo no puede invocar de manera amplia el concepto de “emergencia nacional” para establecer gravámenes sin delimitaciones explícitas del Congreso.
El fallo anula principalmente los aranceles “recíprocos” aplicados desde enero de 2025 a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. No obstante, deja intactos gravámenes sectoriales previos, como los aplicados a industrias específicas como acero y aluminio.
Respuesta inmediata de la Casa Blanca
Minutos después de conocerse la resolución, Trump anunció la imposición inmediata de un arancel global del 10%, ahora sustentado en otra legislación comercial. Desde la Casa Blanca, calificó la decisión judicial como una “desgracia” y aseguró que su administración adoptará una postura “aún más agresiva” en materia de política comercial.
De acuerdo con cifras oficiales, los aranceles anulados habían generado aproximadamente 129 mil millones de dólares en ingresos fiscales.
Implicaciones para el sector tecnológico
La decisión introduce un nuevo factor de incertidumbre para las cadenas de suministro internacionales, incluidas las del sector tecnológico, altamente dependientes de manufactura global y comercio transfronterizo.
Para revendedores, consultores e integradores de soluciones en México, los efectos pueden manifestarse en varios frentes:
- Precios de hardware: la anulación de los aranceles previos podría generar ajustes en listas de precios internacionales, aunque el nuevo gravamen del 10% mantiene presión sobre costos de importación.
- Cadena de suministro: fabricantes con operaciones en Asia o Estados Unidos podrían acelerar estrategias de relocalización productiva, favoreciendo procesos de nearshoring hacia México.
- Planeación financiera: la volatilidad regulatoria obliga a revisar contratos de suministro y cláusulas de ajuste por variaciones arancelarias.
Especialistas advierten que la judicialización de la política comercial estadounidense incrementa el riesgo regulatorio estructural, al abrir la puerta a nuevas controversias legales si el Ejecutivo continúa utilizando instrumentos alternativos para imponer gravámenes.
Contexto institucional
El fallo refuerza el papel del Poder Judicial como contrapeso frente a decisiones económicas del Ejecutivo. Analistas consideran que el Congreso podría intervenir para redefinir con mayor precisión las facultades presidenciales en materia arancelaria.
En el corto plazo, el mercado deberá absorber el impacto de un doble movimiento: la anulación de gravámenes previos y la entrada en vigor de un nuevo arancel global.
Para el ecosistema tecnológico mexicano, el entorno exige monitoreo constante de la política comercial estadounidense, dado que cualquier modificación en aranceles incide directamente en costos, márgenes y estrategias de abastecimiento.
La resolución de la Suprema Corte no cierra el capítulo de la política proteccionista en Estados Unidos, pero sí redefine sus límites legales.
